La iniciativa popular persigue defender a los ciudadanos que han sufrido este delito y acabar con los problemas que están generando los ocupas, que han entrado ya en decenas de inmuebles repartidos por toda la localidad.
Desde el PP proponemos endurecer la Ley, crear nuevas medidas procesales para el enjuiciamiento criminal, permitir a las comunidades de propietarios iniciar los trámites de desalojo e impedir el empadronamiento en estas viviendas.
Félix Cayuela, concejal del Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de Totana, ha denunciado el problema que existe en diferentes zonas de la localidad en las que se vienen registrando reiteradamente casos de ocupación ilegal de viviendas particulares. Este fenómeno, profusa y deliberadamente alimentado por varios representantes de formaciones políticas del ámbito de la izquierda, constituye un grave problema para muchas familias, también en Totana, donde los ejemplos se cuentan por decenas.
Desde las administraciones públicas tenemos el deber acabar con la situación de desamparo, desprotección e indefensión que sufren las personas cuyas viviendas son ocupadas, por eso hemos presentado una iniciativa en el pleno de nuestro Ayuntamiento para endurecer la ley, incrementar las penas y ofrecer nuevas herramientas administrativas que protejan a los ciudadanos.
Se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada ante situación de flagrante delito, y, en cualquier caso, en 24 horas por parte de la Policía, así como la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares. También se incluye la imposibilidad de que se puedan empadronar en estas viviendas y tener acceso a determinados beneficios, además de endurecer las penas.
Además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legitima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser actualizado, adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas.
Se trata de situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales. A veces por ruptura de las normas de régimen interno de convivencia, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que si´ conviven con títulos jurídicos.
Las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello ha de unirse un ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, que, siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención jurídica.
Desde el PP consideramos que a un delincuente no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos.
